La resolución 58

Mariano Herrera / Tal Cual

Lo importante en un reglamento de comunidades educativas es promover y reglamentar con claridad la promoción de la participación de las familias en asuntos educativos y para apoyo a las escuelas.

La resolución 58 que implanta la nueva Comunidad Educativa, llamada ahora “Consejo Educativo”, crea 11 comités con funciones ejecutivas que terminan siendo un gran enredo burocrático y abre las puertas de las escuelas a colectivos y organizaciones comunitarias. La gestión escolar requiere fortalecerse institucionalmente y profesionalmente. Esto se logra promoviendo mayor autonomía y responsabilidad a las escuelas y asegurando un mayor nivel y más especialización a directivos y docentes. Promover la entrada de organizaciones comunitarias significa introducir el activismo político y social en las escuelas y desviarlas de su misión educativa.

La resolución es confusa, no están claros los objetivos de los Consejos Escolares ni de los 11 comités nuevos que crea la resolución. Se establecen listados interminables de múltiples funciones cruzadas y comunes a varios comités a la vez. Supone un gran número de personas, incluyendo docentes y alumnos, dedicados a todo tipo de tareas dispersas, que desvirtúan y desvían la misión principal de la escuela  que es el aprendizaje y la enseñanza.

Se debilita la participación de padres y representantes en la toma de decisiones de la escuela,  se  debilita tremendamente la función de directores y se diluyen sus responsabilidades profesionales en un enredo burocrático. Esto va en contra de lo que se necesita: Más y mejores directores con mayores competencias institucionales y gerenciales.

Funciones como la supervisión, el mantenimiento y la capacitación de docentes, entre otros, están ahora bajo la responsabilidad de los Consejos Educativos. Parece que el Estado Docente se quiere desentender de sus deberes y dejar esa tremenda responsabilidad en manos de los beneficiarios. Es decir, más deberes institucionales para quienes los sujetos de derechos y menos responsabilidades para las instituciones del Estado.

Quizás lo más grave por lo que significa en términos del concepto que el gobierno tiene de la escuela es el artículo 5.5 que dice explícitamente que la escuela es “uno de los centros del hacer comunitario y que la comunidad es el centro del quehacer educativo”. ¿No es al revés? Una vez más el gobierno desprecia el valor educativo de la escuela y pretende que la escuela sea un centro de activismo social y político para adultos. Se olvida de que la escuela es para los niños. Desprecia lo pedagógico y lo sustituye por la agitación y, eventualmente, la propaganda.

La resolución es inviable o de muy difícil aplicación. Donde se aplique entrará la política y se distraerá a docentes y directivos quienes tendrán que atender asuntos ajenos a la educación de sus alumnos.  Padres y representantes, gremios docentes, partidos políticos y sociedad civil deberán prepararse para protestar y exigir diálogo para que las relaciones escuela-comunidad se rijan por normas sensatas, centradas en el bien de los alumnos y protegidas de la politización clientelar y partidista.

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