EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS. Más allá de la escuela…La sociedad educadora.

Un enfoque de derecho permitirá ubicar la nueva lógica sobre la que se debe sustentar el diseño de las políticas públicas en materia de educación.

1. Enfoque de derechos: una lógica diferente para el diseño de políticas públicas

Hay cuatro principios asociados a la existencia de los derechos humanos: Los derechos humanos son reconocidos por la sociedad cuando los países suscriben tratado y convenciones y cuando se incluyen en los marcos legales propios. Los derechos humanos deben garantizarse y es el Estado el que está en la obligación de generar las condiciones materiales y legales  para el disfrute del derecho por parte de los ciudadanos. Los ciudadanos adquieren la obligación de velar y reclamar el cumplimiento de derechos y la existencia en el Estado de instancias para procesar reclamos, lo que constituye el principio de exigibilidad. La justiciabilidad se deriva de la existencia de normas, instancias y procedimientos que permitan castigar el incumplimiento o la violación de un derecho.

2. El derecho a la educación: concepto, dimensiones y obligaciones

La educación está concebida como un derecho fundamental asociado a la dignidad de la persona, a la realización de su proyecto de vida individual y a su articulación y participación en proyectos colectivos, que permite hacer efectivos otros derechos.

El derecho a la educación se incluye inicialmente entre los derechos económicos, sociales y culturales, pero puede ser tratado como un derecho de carácter transversal que es también civil y político. Es un derecho de todas las personas establecido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Se han identificado cinco dimensiones que organizan las obligaciones relativas a este derecho: disponibilidad (infraestructura, transporte, textos y útiles, docentes), accesibilidad (sin discriminación, no al trabajo infantil, incluyente), aceptabilidad (relevante, pluralista, de calidad), adaptabilidad (responde a las necesidades de los niños, al contexto local, los cambios de la sociedad, equidad de género) y rendición de cuentas (participación en discusión de leyes y políticas públicas, monitoreo, publicaciones, seguimiento).

En el derecho a la educación, las personas, niños, jóvenes y adultos son titulares del derecho porque lo ejercen y demandan su garantía, protección y respeto. Sin embargo los derechos de los niños tienen prioridad con respecto a los derechos del resto de los ciudadanos.

Los miembros de la sociedad, las familias, las organizaciones comunitarias son titulares de responsabilidades.

Las organizaciones del Estado son titulares de las obligaciones que permiten el ejercicio y la realización del derecho. El Estado debe asumir la igualdad de todos los ciudadanos como  titulares del derecho que implica la no discriminación de ningún tipo y el tratamiento especial a grupos vulnerables.

En términos del diseño y desarrollo de las políticas públicas, la adopción de la lógica y del enfoque de derechos humanos tiene como consecuencias cambios importantes que tienen su origen en la evolución del tratamiento que se le da a las materias relacionadas con los derechos de las personas cuando dejan de considerarse como mecanismos para satisfacer las necesidades y se pasan a considerar mecanismos para garantizar la realización de los derechos.

3. Venezuela: La educación a medio camino entre necesidad y derecho humano.

En la Constitución de 1999 la educación quedó incorporada formalmente como derecho humano. Esto implica asumir cambios en la concepción del diseño de políticas públicas y el compromiso de desarrollar institucionalmente este derecho en contenido y características.

En el texto constitucional se apunta a dar contenido y característica al derecho de la educación en Venezuela como la educación es democrática, gratuita y obligatoria y tiene por finalidad “desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y en pleno ejercicio de su personalidad”. Esta debe ser “integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades” sin más limitaciones que las derivadas de las aptitudes, vocación y aspiraciones de cada persona.

Al establecer la educación como derecho humano se asume que el Estado se convierte en garante de la misma. Pero la Constitución también reconoce la responsabilidad de la familia como de la sociedad en el desarrollo del proceso educativo. Sin embargo no establece un marco para el desarrollo de procedimientos y sanciones derivadas de la violación a ese derecho a la educación.

La Ley Orgánica de Educación de 2009 tampoco estableció las obligaciones del Estado sino que hizo énfasis en el control del gobierno central en el proceso educativo.

La no discriminación como uno de los principios de la educación se desarrolla en la Ley Orgánica de Educación y está dirigido a eliminar el trato discriminatorio a: personas de las zonas rurales, jóvenes que egresan de la educación primaria y ven restringido el derecho a continuar por problemas de cupo, familias con bajos ingresos, habitantes de las zonas urbano-marginales donde no existen escuelas, jóvenes y adultos a los que se les exige filiación política, niños menores de 6 años, personas privadas de libertad, jóvenes de secundaria que asisten a procesos educativos con aprendizajes de baja relevancia.

El tercer elemento es el establecimiento del fortalecimiento de la identidad nacional y el respeto a la diversidad propia de los diferentes grupos humanos.

El cuarto elemento es el reconocimiento de la participación de los diversos actores que forman parte de la sociedad en la formación de las personas. Se suman al Estado, la sociedad y las familias, el papel de las organizaciones sociales de las comunidades y las empresas en el proceso educativo.

En el plano de las  políticas públicas dirigidas a garantizar la realización del derecho a la educación, se resalta:

a. La prohibición de solicitar documentos, cobrar matrícula o exigir colaboración económica a las familias.

b. La instrumentación progresiva de un programa de alimentación en las escuelas oficiales.

c. La dotación de útiles, textos y uniformes escolares en las escuelas públicas del país.

d. Las misiones educativas dirigidas a la atención de poblaciones excluidas del sistema escolar para su reinserción.

e. La educación inicial pasó a formar parte de la educación obligatoria.

4. Algunos elementos orientadores de la política pública a partir del enfoque de derechos.

Ampliar la visión sobre la realización del derecho a la educación. Esto incluye cambiar la visión de la escuela como lugar de llegada más bien hacia un espacio de encuentro donde se da significados, se reconstruye lo que se aprende en la familia, en la comunidad. Es asumir la educación como una labor de la sociedad, reconstruir el concepto de sociedad educadora.

La innovación para lograr una apertura real en la reconstrucción del aprendizaje que se construye en los espacios educativos no formales. Abrir las organizaciones educativas formales a la comunidad, darle cabida a la formación no escolarizada de las personas de la comunidad.

Las sociedades deben hacer esfuerzos para fortalecer las oportunidades de educación no formal a las personas y las opciones de educación informal a través de ciudades educadoras, a través de la integración entre agentes educativos de la sociedad.

Olga Ramos. Urbanista, consultora e investigadora en análisis de políticas públicas Ha sido profesora de la UNIMET, directiva de la Asociación Civil Asamblea de Educación y actualmente es coordinadora del Observatorio Educativo de Venezuela. Asesora de la Secretaría de Educación de la Gobernación del estado Carabobo.

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