Educación para quién

Luis Ugalde / El Nacional

Hay muchas familias que buscan buena educación para sus hijos, pero hay poca conciencia del bajo nivel en que estamos. Es alarmante ver en las encuestas de opinión que la educación nacional no es punto de preocupación, pues va bien. Lo mismo pasaba en las décadas anteriores: todo parecía bien, con más muchachos en las escuelas y en las universidades, y de golpe concluimos que la educación en Venezuela era un “fraude”.

Hoy la calidad es peor, pero… Este optimismo inconsciente contrasta con lo que vemos al abordar las realidades educativas: los maestros protestan por el pago efectivo del pobre salario, cercano al mínimo; entre los jóvenes ser educador no es una opción preferente, sino marginal y para los que tienen cerradas otras puertas; en los liceos faltan miles de profesores de matemáticas, física, inglés, biología… y se exonera la ignorancia de los alumnos que no vieron la materia por la falta de profesor.

Como quedamos mal en las mediciones mundiales del aprendizaje, dejamos de medirnos. La educación en valores personales, ciudadanos y la capacitación, está por el suelo. En más de la mitad de las escuelas no hay director titular medianamente preparado para dirigir pedagógicamente. Varios millones de niños y jóvenes están fuera de la escuela, aunque la Constitución manda que estén recibiendo educación de calidad hasta el final de la educación media diversificada. En Educación Superior con un cambio de nombre todo se convirtió en “universidad”, en las carreras cortas y las largas ­por igual­ han crecido los números con nuevas creaciones muy inferiores en calidad a aquellas (públicas y privadas) que eran buenas anteriormente. El presupuesto real por estudiante es bajo y sigue bajando, los profesores e investigadores ganan menos de la mitad de hace 10 años, que ya era menos que dos décadas antes. Los homólogos universitarios de otros países de nuestro nivel ganan más y también los profesionales equivalentes fuera de la universidad.

Así, cada vez hay menos posibilidades de que la universidad retenga los mejores talentos del país dedicados a la investigación y docencia universitaria. Ni se diga en primaria y diversificada. Los nada educativos debates y actos de violencia por el control político e ideológico de la educación, no hacen sino agravar ese cuadro lamentable.

En contraste, la Constitución afirma que la educación de calidad es un derecho humano y un deber social fundamental (art. 102). Este deber solo aliados solidariamente lo pueden cumplir el Estado, la familia y la sociedad.

Hoy a más de la mitad de los niños y jóvenes de Venezuela se le niega en la práctica este derecho, pues están fuera de la escuela o en una mala escuela.

Siempre habrá 10% o 20% de la sociedad que busca y consigue una buena educación pagando instituciones privadas o fuera del país. ¿Y los demás? La educación es gravemente deficiente en los sectores más pobres con 7 años de escolaridad promedio (frente a los 12 constitucionalmente requeridos), lo cual perpetúa su pobreza y los condiciona para que no puedan llegar a la universidad, y si algunos, excepcionalmente llegan, lo harán en inferioridad de formación y destinados al fracaso.

La “educación integral y de calidad” para todos (art. 103 de la Constitución) es la batalla que Venezuela debe ganar. Tiene con qué, pero la falsa conciencia de que en educación estamos más o menos bien hace que la calidad (sobre todo en los pobres) no ocupe el lugar prioritario que se requiere ni tenga la verdadera preferencia financiera exigida en la carta magna.

Sin duda, si para los hijos de los generales y de los ministros no hubiera más opción que la escuela oficial de Carapita o el liceo oficial de cualquier ciudad, ellos pondrían todas las fuerzas y presión para incentivar iniciativas plurales de la familia, de la sociedad y del Estado en una educación integral de calidad asequible a todos y “fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la transformación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social…” (Art. 102 de la Constitución) Hay futuro si somos responsables.

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